El Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), un intento de restituir el viejo Acuerdo Transatlántico germen de las protestas antiglobalización, ha pasado prácticamente desapercibido en la campaña de las elecciones europeas.
El debate es prácticamente inexistente y una de las pocas tentativas de acercarlo a la opinión pública quedó sepultada hace unos días en el Parlamento cuando el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero español (PSOE) rechazaron la moción de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de someter el TTIP a referéndum.
Sus defensores argumentan que el acuerdo, que eliminaría las barreras normativas y económicas para las relaciones comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea (UE), sería beneficioso para el crecimiento económico, aumentaría la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. Para los críticos, aumentaría el poder de las grandes empresas y desregularizaría los mercados, al tiempo que los Gobiernos tendrían muchos problemas para legislar en beneficio de sus ciudadanos y se limitaría el poder de los sindicatos en favor de los empresarios.
Según un documento filtrado, el TTIP “concedería a Gobiernos y empresas extranjeras una mayor oportunidad de influir en la opinión pública, tanto en la UE como en EE.UU.”.
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